Uno de los principales determinantes a la hora de establecer el equilibrio de la salud social de una nación son las políticas públicas de un país respecto a la educación, la salud y la inclusión. Además, las iniciativas de combate contra la pobreza también determinan en gran forma cómo se encuentra la salud social al interior de una comunidad.
Un Estado, cualquiera sea su inclinación política, debe generar iniciativas para que las personas de bajos recursos tengan acceso al pleno empleo con todos sus beneficios y deberes. Esto quiere decir, que las políticas públicas deben buscar facilitar la contratación por parte de los privados, es decir, bajar la carga tributaria, ofrecer seguros de desempleo y cuestiones relacionadas.
La salud y la educación son dos pilares fundamentales que equilibran la salud social de cualquier sociedad. Las políticas públicas de cualquier estado deben apuntar en la dirección de mejorar el acceso y las condiciones generales de estos servicios.
Para esto, deben promover tanto el gasto público controlado y focalizado, así como la incursión de los privados, para que puedan desempeñar la función en los espacios a los cuales el Estado no llega. Es fundamental buscar un equilibrio entre estas dos formas de financiación, tanto pública como privada, para mejorar las condiciones en general.
Asimismo, el Estado debe promover que ciertos grupos sociales o culturales se vean integrados en los diferentes campos de acción de la sociedad civil. Para esto, la mejora de los entornos y de los accesos a los servicios es preponderante.
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